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jueves, 4 de diciembre de 2008

La cultura de la intolerancia

Javier Aranda Luna

Preocupa el catolicismo ostentoso de nuestros últimos presidentes. No por la violación de la sentencia bíblica sobre la indispensable separación de la Iglesia del Estado (“dad al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios”), sino porque con sus innecesarios desplantes de fe fomentan el surgimiento de hordas medievales que riegan sangre y malversan, claro, recursos públicos.

Cada vez con mayor frecuencia nos enteramos de que se impide la educación pública a niños evangélicos en ese esperpento inverosímil llamado San Juan Chamula, o que en San Andrés Larráinzar una mayoría católica decidió despojar de sus derechos a 24 familias protestantes. Derechos como el agua potable y la energía eléctrica. Más aún: amenazaron a las mujeres evangélicas ¡por recibir orientaciones de salud por parte de personal médico!, según nota de Elio Henríquez publicada en estas páginas. De insistir en recibir información sobre salud, sus hijos perderían las becas del programa Oportunidades, así como los apoyos para construcción de vivienda.

No ser católico en el ayuntamiento de San Andrés Larráinzar es un delito. A un pentecostés, por ejemplo, se le priva de su libertad sólo por serlo y la recupera si abjura de su fe. En caso de insistir los inquisidores le fabrican delitos para tramitarle, en el Ministerio Público, su pase a los centros penitenciarios.

¿Será por esos procesos fast track que el gobierno chiapaneco recibió el Premio Nacional a la Innovación, Modernización y Desarrollo Administrativo 2008? No resulta improbable que, al conocer los procesos inquisitoriales que se viven en ese estado, organismos internacionales como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) reconsideren su apoyo a gobiernos como el chiapaneco donde los usos y costumbres también tienen el rostro de la intolerancia.

Y para atizar el ambiente el gobierno federal lanzó una ofensiva para cerrar las estaciones de radio protestantes que transmiten en Chiapas “sin los permisos correspondientes”. No apuesto por la ilegalidad, pero llama la atención que el combate a la clandestinidad radiofónica opere sólo contra las estaciones evangélicas. ¿Por qué esta cruzada contra la clandestinidad no incluye a las clandestinas radios católicas o la clausura de televisoras públicas que transmiten en El Bajío misas violando la ley respectiva y la Constitución misma?

¿Y qué decir de San Nicolás, Hidalgo, donde los evangelistas viven bajo la amenaza de la expulsión y han padecido el corte de agua potable y ahora no tienen derecho a enterrar a sus muertos en un panteón civil? La intolerancia religiosa se ha multiplicado en los sexenios panistas. ¿Será esa la legalidad que predican, la civilización a la que sus militantes aspiran. en la que ni siquiera caben sus “hermanos separados”, como en el Vaticano llaman a los grupos protestantes?

El presidente Calderón insistió, con motivo de su segundo año de gobierno, en que la democracia no es sinónimo de uniformidad, pero parece que una parte considerable de sus subalternos y de quienes comparten su fe operan en sentido inverso. De nada sirve que nos recuerde las bienaventuranzas si la política pública nos muestra el evangelio del odio al prójimo, el daño a los más pequeños, la intolerancia contra los diferentes. Ya no son los tiempos de “a mí me la persignan” aunque insistan en ello monaguillos del inframundo.

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